El pasado 22 de mayo tuve el honor de participar en la Jornada de Sensibilización contra la LGTBIfobia, organizada por el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Una cita institucional que reunió a expertas, activistas y representantes del ámbito judicial, sanitario y asociativo para reflexionar sobre el avance —y el retroceso— en los derechos de las personas LGTBI+.
La jornada fue inaugurada por Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, quien subrayó la importancia de las políticas públicas para combatir los discursos de odio. A continuación, tuvo lugar la primera mesa de debate titulada "Violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género", moderada por Julia del Amo, directora de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis.
En esta mesa compartí espacio con:
Miguel Ángel Aguilar, Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado.
María José Belza, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, quien presentó datos del estudio Transaludes centrado en la violencia tránsfoba y la discriminación hacia personas trans.
Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que contextualizó el auge de la intolerancia estructural.
Y yo mismo, como Vicepresidente de la FELGTBI+, presentando las principales conclusiones del informe Estado del Odio 2025.
Tras esta mesa, la jornada continuó con una segunda sesión titulada "En primera persona", donde intervinieron figuras referentes como:
Francisco González Aguado, subdirector de la Oficina Técnica del Comisionado para la transición del modelo en Salud Mental.
Manolita Chen, artista y empresaria, una de las primeras mujeres trans que logró el cambio registral de nombre y sexo en su DNI en España.
Gonzalo Abaha, escritor ecuatoguineano, que compartió su historia como joven gay a quien se le negó la personalidad jurídica tras ser descubierto.
Y Samantha Flores, histórica activista trans mexicana e icono de la comunidad LGTBIQ+ en América Latina.
A continuación, comparto el vídeo de mi intervención en esta jornada, en la que analicé el preocupante repunte de la violencia LGTBIfóbica en nuestro país:
El informe Estado del Odio 2025 revela que el 42,5% de las personas LGTBI+ en España ha sido víctima de acoso, discriminación o agresiones físicas o verbales en el último año. Pero el dato más impactante es que las agresiones físicas o verbales han pasado del 6,8% al 16,25% en un solo año, lo que se traduce en más de 800.000 personas agredidas. Este dato evidencia una normalización del odio que debe alarmar no solo a quienes trabajamos en defensa de los derechos LGTBI+, sino a toda la sociedad.
El informe también identifica con claridad quiénes sufren más este tipo de violencia. Las personas jóvenes, especialmente entre los 25 y 34 años, las personas trans y quienes viven en entornos rurales o tienen menos recursos económicos están más expuestas. Las cifras son contundentes: casi una de cada cuatro personas de ese grupo de edad ha sido agredida en el último año, y en el caso de las personas trans, esa cifra se eleva a casi el 28%.
Además, las zonas rurales reflejan una mayor incidencia de agresiones, discriminación y falta de recursos, lo que nos obliga a mirar más allá de las grandes ciudades y apostar por una respuesta territorializada e interseccional.
A pesar de contar con leyes como la Ley 4/2023, que reconoce la autodeterminación de género y establece medidas contra la discriminación en múltiples ámbitos, el informe muestra que la implementación es insuficiente. Muchos centros educativos no han activado protocolos, los servicios sanitarios no siempre respetan la diversidad de identidades y expresiones, y en el ámbito laboral sigue existiendo un "armario estructural".
Las leyes son fundamentales, pero sin formación, recursos y voluntad política, se quedan en papel mojado. El informe refleja con claridad que los avances legales no han frenado la violencia, y en algunos casos, incluso han intensificado los discursos de odio como reacción organizada desde ciertos sectores.
Mi intervención en esta jornada fue también un llamado colectivo: necesitamos pasar del reconocimiento al cumplimiento real de los derechos. No basta con tener leyes si no se aplican. No basta con hablar de diversidad si no se traduce en protección, acompañamiento y reparación para quienes sufren violencia.
La jornada del Ministerio de Sanidad fue un espacio importante para visibilizar estos retos desde diferentes enfoques: el judicial, el sanitario, el institucional, el activista y el personal. Agradezco profundamente el espacio, y sobre todo, la valentía de quienes compartieron sus historias en la segunda mesa, recordándonos que cada dato que ofrecemos en un informe representa una vida, un cuerpo, una historia concreta.
Seguimos trabajando para que ningún derecho conquistado se ponga en duda, y para que cada persona LGTBI+ pueda vivir con dignidad, sin miedo, y con orgullo.